Entrometido en la nueva Justicia Laboral
Por Mike Volta
El pasado 3 de octubre inició la tercera etapa de la reforma en materia de Justicia Laboral, dando fin a la recepción de asuntos laborales nuevos a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del país; dando paso a los Tribunales Laborales dependientes ahora del poder Judicial, estatal o federal dependiendo de su competencia de acuerdo a la actividad industrial del empleador.
Es necesario aclarar que contrario a lo que pudiera pensarse, las Juntas de Conciliación y Arbitraje NO DESAPARECEN, estas deben aún finalizar TODOS los procedimientos laborales a su cargo, lo cual implicará a su existencia una agonizante disminución de personal y de recursos algunos años más; (probablemente algunos últimos funcionarios lo hagan ya en su casa) y en la oscuridad que le dará que los reflectores alumbran la llegada de un flamante “tribunal de novedad” ;y que ellos seguirán con un raquítico presupuesto además del traicionero olvido absoluto del Gobierno…”fuchi caca a la Junta”.
Casi 100 años estuvieron en funcionamiento las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que si bien es cierto actualmente les resultan molestas a los gobiernos, al grado de pretender ponerlas en el olvido, ya que como dije: hoy se cuenta con un juguete nuevo: los “Tribunales Laborales”; también lo es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje funcionaron y generaron durante muchísimos años una justicia laboral eficiente a la medida de sus posibilidades durante Épocas difíciles, en lo que a el ámbito de sus competencias se refiere en nuestro país, constitucionalmente concebida de naturaleza tripartita en concordancia con otras instituciones laborales que permanecen con ese sistema.
No puede negarse que los grandes tratadistas, Doctores, Magistrados, Ponentes, Abogados y en general las llamadas “Vacas Sagradas” del Derecho del Trabajo en México, se hicieron en la JUNTA bajo este sistema, en sus épocas doradas, cuando había miel sobre hojuelas, cuando si funcionaba, antes de que muchos de sus pupilos lo pervirtieran y corrompieran al grado de decidir acabar con el……bueno además de las presiones internacionales al respecto; pero conviene más decir lo anterior o lo último, depende quién lo pregunte.
Y es necesario reconocer que una de las principales razones en las Juntas de Conciliación y Arbitraje que motivaron se decidiera su final, (y que por lo visto así continuará hasta su extinción definitiva) fue precisamente la falta de presupuesto suficiente para la realización óptima de sus actividades.
Dependiendo siempre del poder ejecutivo y sometidas a los caprichos económicos del gobernante en turno, estos nobles tribunales de naturaleza jurídico-administrativa, siempre fueron considerados como de “segunda”, con un grado menos importante qué los tribunales civiles, mercantiles penales o familiares, sin perder de vista que el bien tutelado “el trabajo” revestía gran importancia para la actividad económica de nuestro país, pero se optó por mantener al leon dormido, a todo costo, apaciguando las genuinas luchas de los trabajadores.
Efectivamente, cuando se contenía una visión e intención progresista por parte del Ejecutivo en cargo, se lograba vislumbrar la importancia de mantener paz laboral pero como producto de justicia laboral efectiva, atendiendo con oportunidad los conflictos que se generaban; desafortunadamente en muchos casos para que esto fuera posible fue necesario someter a base de criterios jurisdiccionales, los justos reclamos de los actores que intervienen en la actividad productiva, creándose terribles inercias y prácticas que a la postre afectaron la imagen de estos tribunales, ponderando la importancia de decisiones políticas macroeconómicas que terminaron muchas veces siendo espejismos.
En otras ocasiones la Presidencia de la Junta se le otorgaba a los amigos o compas de los titulares del Ejecutivo que no encontraron cabida en otras dependencias.
Así y como producto de diversas crisis económicas, el incremento de las demandas laborales ocurridas en los años ochentas noventas y 00s, aunado como ya se mencionó a la falta de presupuesto suficiente y de continua capacitación de su personal, representados también por sindicatos de ideas viejas, estancadas o alineadas; las Juntas de Conciliación fueron acumulando un rezago impresionante, y hay que decir que gran parte de esos procedimientos tenían que ver con muchísimas entidades de recursos públicos, con la inminente instrucción de “no conciliar”ningún asunto y de no realizar ningún pago hasta que fuese legalmente ejecutable ya con medidas de apremio; esto evitó de una manera importante el actuar de los funcionarios conciliadores que con su vasta experiencia siempre lograron el arreglo de un número importante de juicios, en el ámbito privado.
Los patrones y sus abogados prefirieron emplear recursos en alargar los juicios que en buscar resolverlos y los abogados de trabajadores vieron en el paso del tiempo un sistema de generar riqueza aprovechando el letargo de las autoridades que en las mayoría de las ocasiones prefirieron patear el bote para adelante; alargar en vez de resolver y dejarlo a las administraciones subsecuentes.
El fondo de los juicios terminaba resolviéndolos la autoridad de Amparo y la ejecución de los mismos en El Cajón del olvido víctimas de patrones que ya habían cambiado de nombre o quebrado.
El terrible abuso de los sistemas de subcontratación que fue la panacea laboral principalmente en los años 90 y dos miles, generó también un importante número de procedimientos en los cuales muchísimos empleadores pretendieron sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones laborales negándoles sus derechos a los trabajadores a través de estas prácticas, recomendadas incluso por muchísimos despachos jurídicos patronales, desafortunadamente la cultura laboral basada en la confianza y en la unión de trabajadores patrones y gobierno, que constitucionalmente componían el sistema tripartita, base fundamental de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se fue deteriorando hasta perder su esencia, un Mercado con mucha corrupción que muchos opinan que pudo enmendarse sin reformar la Ley; sino sólo hacer que se esta se cumpliera y sin escatimar el Estado los recursos para ello.
La parte trabajadora, como siempre llevando la peor parte ya que además de luchar por sus derechos teniendo como enemigo a su patrón, también tenía como enemigo a la Junta de Conciliación, y a veces hasta su propio abogado.
Ahhhh pero era urgente dar paso a la tercera etapa de la reforma laboral implementando el funcionamiento de los tribunales laborales, sin embargo después de una pandemia, de una situación política y de seguridad visiblemente afectada, ya se quemaban las habas!! Y se decidió ir adelante, casi como un capricho y se implementó la tercera etapa que en la ciudad de México a partir del pasado 03 de octubre; inició funciones el Centro de Conciliación, Laboral así como los Tribunales de Trabajo, en donde legalmente será necesario de forma OBLIGATORIA agotar un procedimiento previo de conciliación antes de generarse una demanda laboral, lo cual particularmente en la ciudad de México trajo como consecuencia que se tomara la injusta decisión de impedir a los abogados de trabajadores intervenir en su favor en la etapa conciliatoria, vulnerando con ello además del derecho de los propios trabajadores a poder asesorarse de la forma que ellos decidan; evitando y coartando el derecho constitucional a la libertad de trabajo de los abogados laboralistas defensores de trabajadores. Una infamia.
Pero hay algo más ruin!! Y tiene que ver con qué no se le da a las Juntas de Conciliación y Arbitraje la posibilidad de terminar de manera eficiente sus procedimientos pendientes, se le dió un golpe terrible al despedir (ah no se dice cesar) en forma injustificada a una gran cantidad de funcionarios conciliadores proyectistas, dictaminadores y demás elementos valiosos, que con una experiencia incluso hasta de 30 años, y con la engañosa promesa de qué tendrían estabilidad laboral, y en su caso una liquidación decorosa o por lo menos digna, se decide de un plumazo y de la manera más traicionera y grosera echarlos a la calle, toda vez que los recursos que debieron ser empleados para las liquidaciones de estos funcionarios, ahora resulta que son necesarios para echar andar los nuevos tribunales laborales que cuentan con personal nuevo inexperto que seguramente tendrá muchas dificultades para poder aterrizar el anhelado deseo de una justicia laboral pronta y expedita (y sin billete); y de la sede de estos tribunales mejor ni hablamos ya que está ubicada en un conocido inmueble afectado por los tres sismos ocurridos en 19 de septiembre; pero con la nueva pintura antisísmica quedó como nuevo!!…. Parecen olvidar que ya una vez un sismo destruyó un inmueble en el que se impartía justicia laboral en el ya lejano 1985.
Al final, lo mismo, se llame como se llame el tribunal, sin recursos está condenado al fracaso; por muy buenas intenciones; los trabajadores se van a desesperar y sin duda librarán al Kraken…
Al tiempo.
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