Por Aarón Cruz Soto
Ciudad de México.-La comunidad Otomí residente en la capita convocó a una conferencia de prensa de manera emergente ante la alerta de un desalojo en próximos días, en la calle Roma 18, colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, denunció el racismo y la discriminación que viven por parte de las autoridades gubernamentales y las clases ricas.
"Queremos hacer una denuncia pública directamente en contra del gobierno de la ciudad, en contra de Claudia Sheinbaum, quien es responsable directamente de la política pública que se pueda llevar a cabo de la CDMX, queremos señalar la responsabilidad de la alcaldía de la Cuauhtémoc. Nestor Nuñez, el tiene mucho que ver en la situación que se vive", señaló Diego García Bautista, representante de la comunidad Otomí y miembro de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez.
Bautista indicó que la comunidad indígena ocupa el inmueble hace más de 20 años, comentó que la historia del inmueble data de 1930, fue la embajada de España en México. Después de los sismos de 1985 quedó abandonado y la comunidad indígena, ocupó inmuebles vacíos en las colonias Roma y Juárez. Estos, como Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, están inscritos de modo oportuno en el Instituto de Vivienda (INVI) a través de sus programas que contemplan inmuebles con alto riesgo estructural para ser expropiados en pro de un bien común.
"Tenemos un sustento jurídico", sentencia Bautista.
El representante comentó que existe una urgencia desde el pasado 19 de septiembre del 2017, pues se mantuvieron a las afueras del inmueble debido al riesgo estructural y a partir de ese momento se instalaron en un campamento. El 19 de septiembre de 2018 se efectuó un desalojo violento. "Nunca conocimos una orden", afirmó y recuerda que el 31 de mayo pasado se llevó a cabo un nuevo desalojo con el cuerpo de granaderos que se efectúa en contra de los habitantes, ubicados en Londres 7.
Néstor Nuñez, integrante de la organización, denunció en su conferencia de prensa que el siguiente paso de las autoridades es la desocupación de Roma 18, por lo que la comunidad decide alertar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación que un desalojo se acerca.
"Hacemos un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver. Desde su arribo a la jefatura, un solo funcionario se ha presentado para resolver la problemática. Denunciamos la política de gentrificación que tiene como total objetivo el desplazamiento de la Comunidad Otomí. Estamos enfrentándonos a un desplazamiento, lo que vemos comúnmente en las comunidades rurales lo vivimos aquí. Lo que están viviendo es un escenario de discriminación".
"Cuando hace su arribo AMLO para gobernar, el país recibe de una serie de pueblos un bastón de mando que contradice lo que hoy está pasando aquí. No hay congruencia en el discurso ni en la política pública del Gobierno Federal y esta comunidad hace esta denuncia, en términos de una salida en atención a la urgencia de vivienda", indicó Néstor.
"Racismo es lo que estamos sufriendo en la Ciudad de México. El año pasado instalamos una escuela autónoma otomí. Los niños salen a la banqueta a estudiar y los vecinos se molestan y dicen que no pueden estar aquí afuera. Por la vestimenta que tienen dicen que somos unos farsantes. Que nos vayamos a donde venimos. También nosotros tenemos derecho a una vivienda, que queremos pagarlas no que nos la regalen por parte del gobierno. En la escuela en que van nuestros niños, la discriminación es por parte de la directora. Nos iban a cerrar la escuela Alberto Correa. Los vecinos de enfrente nos dicen que no podemos estar aquí porque somos delincuentes, nos acusan de robo de partes, trata de blancas y narcomenudeo. Somos artesanos, unos venden manzanas, somos comerciantes. En la colonia, saben las autoridades dónde venden las drogas, donde venden las autopartes. Nosotros aquí vivimos. No somos esa clase de personas. Con eso están en las redes y nos han señalado por algo a lo que no nos dedicamos", contó Filiberto Margarito, integrante de la Comunidad indígena Otomí.
"Que bueno que nos vinieron a ver cómo vivimos. Nosotros vivimos muy mal porque la gente nos discrimina. No se me hace justo que nos vean y nos digan de cosas. Viene un desalojo sin ningún documento, 200 o 300 granaderos vienen, todo lo que teníamos allá adentro lo perdimos definitivamente. Es cosa que a nosotros nos cuesta, salimos a trabajar. No es justo que el gobierno que está venga y nos quite un pedazo de donde vivimos. Los vecinos nos discriminan, no dejan que los niños jueguen aquí, nuestros niños. Nos dicen "quitense porque no tienen derecho" ¿Por qué no? Hicieron una junta vecinal para que nos quitemos. ¿Por qué nos vamos a quitar? Tenemos derechos, no porque seamos indígenas nos vamos a quitar y no nos vamos a dejar que nos traten como nos traten. Queremos una vivienda digna para nosostros y nuestros hijos.No todo el tiempo nuestros niños van a estar viviendo en la calle. No nos vamos a ir. Yo quiero lo mejor para mis niños. Viene otro desalojo sin ningún documento. Los granaderos vienen y golpean a nuestros compañeros y no se nos hace justo. Vamos informamos todo y no nos hacen caso. Eso no se me hace justo a mi", narró Estela Quirino, integrante Comunidad indígena Otomí.
Por su parte Román Sánchez Nuñez, integrante de Colectivo Zapatista Neza, indicó que los habitantes viven un proceso de gentrificación, el término tiene que ver con una idealización de las ciudades,en donde la figura del indígena no es bienvenida, pues atiende directamente a un proceso capitalista. La comunidad otomí hizo un llamado, pues la amenaza de desalojo es latente y vulnera directamente su derecho a la vivienda.
ACS
