Nochixtlán: extraña justicia de la 4T y la “primavera oaxaqueña”
Por Florentino López Martínez
El 19 de octubre del año 2019, en el Centro Coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con sede en Nochixtlán, en un efusivo discurso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en compañía del entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa, frente a representantes de distintos municipios de la región mixteca dijo: “vengo a Nochixtlán a decirles tengan confianza, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos”.
“Nunca más lo de Nochixtlán”, dijo explícitamente, “a tres años (en ese entonces), hay víctimas, y se les va a apoyar, ya di la instrucción, y se va a cumplir… la justicia tarda, pero llega, cuando hay voluntad, cuando hay decisión”. A la misma hora que se pronunciaban estas palabras, el Comité de Víctimas 19 de Junio por Verdad y Justicia (COVIC), intentaba un encuentro con el Presidente para establecer un diálogo que facilitara el camino de justicia para Nochixtlán.
AMLO evitó reunirse con los integrantes del COVIC, estos lo persiguieron hasta Cuicatlán, en donde no le quedó de otra al Presidente que saludar al grupo de víctimas, quienes le entregaron un documento solicitando audiencia para abordar la ruta de justicia que él estaba prometiendo para Nochixtlán.
Son casi 5 años desde aquellas palabras del Presidente, y este 19 de junio se cumplieron 8 años de la masacre de Nochixtlán y esa prometida justicia no llega; de hecho, solo quedan 13 semanas para que termine el sexenio, y en lugar de justicia, parece ser que desde el Estado Mexicano ha iniciado una nueva ofensiva, cuyo objetivo es garantizar la impunidad para los criminales que ordenaron y ejecutaron aquel acto de represión sangrienta.
Nochixtlán es un ejemplo de una extraña concepción de justicia que tiene el gobierno actual; en lugar de ordenar que se investiguen a fondo los hechos y se castigue a los malhechores, el gobierno lanza una agresiva campaña para deslegitimar y aislar a los luchadores sociales que reclaman justicia.
El COVIC, bajo el gobierno de Peña Nieto y del exgobernador Alejandro Murat, enfrentó un duro embate orquestado desde las más altas cúpulas del poder, se utilizó a un grupo de víctimas, que fueron arrastrados por integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 22 que encabezaba en ese entonces el Profesor Eloy López Hernández y hasta una ONG, para socavar la fuerza y la legitimidad del Comité de Víctimas.
Esta división tuvo como objetivo central golpear al COVIC como organización unitaria de las víctimas, para ello dedicaron muchos esfuerzos por aislarla, quitándoles el respaldo de las organizaciones sociales y de la Sección 22.
Los alfiles del exgobernador Alejandro Murat, desde los espacios democráticos del magisterio oaxaqueño, con burdos argumentos, como cuestionar la posición política ideológica de los dirigentes del COVIC y sus asesores, o la alianza que el comité de víctimas sostenía con reconocidas organizaciones populares del Estado de Oaxaca y a nivel nacional, buscaron anular esta exigencia de justicia de las demandas centrales de la Sección 22 y la CNTE.
El segundo objetivo de esa división que promovió desde el Estado Mexicano fue establecer una ruta de largo alcance que garantizara la impunidad del crimen de Estado, anteponiendo el pago de “indemnizaciones” y “reparación del daño”, para dejar en segundo término el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión.
A 8 años de los acontecimientos de Nochixtlán, con bombo y platillo el gobierno de AMLO y del gobernador Salomón Jara presumen el pago de 41 millones de pesos, por “reparación del daño”, lo que probablemente ha cubierto mínimas indemnizaciones para algunas víctimas que no están en el COVIC 19 de junio, a decir del profesor Santiago Ambrosio, presidente del Comité.
¿Y la justicia? De eso no dicen ni una palabra. No hay ningún informe de las investigaciones para encarcelar a los responsables materiales e intelectuales, muchos de ellos ni siquiera están siendo investigados; los 6 procesados, de los cuales 4, durante el sexenio actual, se les dio el beneficio de prisión domiciliaria, a pesar de que está comprobado que accionaron armas contra los manifestantes de ese 19 de junio.
Los pocos avances, como lograr que haya sido llamado a declarar el exgobernador Gabino Cué Monteagudo, fue por la lucha y la movilización de las víctimas, apoyados por las bases del magisterio democrático, los asesores y las organizaciones sociales, esos mismos que ahora nuevamente desde las más altas cúpulas del poder de la “Primavera Oaxaqueña” y del gobierno federal quieren separar del COVIC, bajo los mismos argumentos: filiación ideológica, política, equipo asesor y política de alianzas.
¡Aguas! Están empujando a algunos actores magisteriales a sobrevalorar los 41 millones de pesos acordados por la CNUN de la CNTE, para no poner atención al tema de justicia. ¡Aguas! Dentro del movimiento social, en los últimos días se ha generado una tendencia a condicionar la solidaridad con las víctimas del COVIC. Ambas conductas van a seguir alentándose desde las oficinas de Palacio Nacional y desde el Palacio del Gobierno de Oaxaca.
Son nuevos gobiernos, el de Oaxaca y el federal, pero son los mismos resultados: impunidad y ataque a las organizaciones que exigen justicia, es el mismo modus operandi en el caso Ayotzinapa y con la CNTE. De parte del COVIC hay suficiente experiencia y madurez para derrotar esta política de Estado y avanzar en nuestra lucha por justicia para Nochixtlán.